He asistido a la audiencia pública, leído los informes técnicos y revisado las cartas enviadas por los residentes y los comités consultivos. Lo que encontré fue una comunidad informada, preparada y unida. También encontré un proceso que ya había eliminado la cuestión más importante antes de que los residentes tuvieran la oportunidad de opinar.
Un regalo a la comunidad convertido en un terreno para urbanizar
La parcela en el centro de esta controversia fue donada al municipio de Yorktown precisamente porque un propietario privado no podía urbanizarla. El terreno está limitado por importantes humedales, los mismos humedales que ahora lo convierten en un activo ecológicamente sensible e irremplazable. Se cedió al municipio para que se conservara como espacio verde, un regalo de un ciudadano particular a la comunidad.
Este contexto es muy importante. Si un propietario privado no podía construir en esta parcela, resulta muy preocupante que el Ayuntamiento esté ahora considerando permitir una torre de telefonía móvil comercial, un uso industrial, en el mismo lugar, en un barrio residencial, junto a un ecosistema muy vulnerable. Esto refleja un desajuste fundamental entre valores y obligaciones.
La secuencia de acontecimientos es errónea
No solo es erróneo reutilizar un terreno donado para uso industrial, sino que además se ha gestionado mal. El Ayuntamiento enajenó el parque antes de que se evaluara completamente la propuesta del proyecto. Esa secuencia, enajenación primero y evaluación después, invierte el orden adecuado de una gobernanza responsable.
En la última audiencia pública, se sugirió que la enajenación del parque fue impulsada por «Albany». Técnicamente, se requería la aprobación del estado. Pero el proceso se inició a petición del Ayuntamiento. Los residentes merecen que se les aclare esta distinción. «Albany lo hizo» no es una explicación, es una evasiva.
El ecosistema debe protegerse
El Ayuntamiento tiene ahora la tarea de decidir si concede un permiso para construir una carretera a través del humedal para acceder a la torre, en caso de que se apruebe el proyecto.
El emplazamiento propuesto está junto a un ecosistema muy vulnerable. Los humedales y las zonas de amortiguación de los humedales desempeñan funciones medioambientales fundamentales, como la filtración de las aguas pluviales, el hábitat de la fauna silvestre y la mitigación de las inundaciones, que benefician a toda la comunidad circundante. Una vez dañados, estos sistemas no se recuperan fácilmente. Los árboles pueden tardar años en restablecerse y décadas en alcanzar la madurez. Los impactos negativos se sienten de inmediato, en la escorrentía de las aguas pluviales, en la pérdida de hábitat, en el aumento del riesgo de inundaciones, mientras que cualquier mitigación se desarrolla a lo largo de décadas. Esa asimetría es precisamente la razón por la que la protección debe ser proactiva. No podemos permitirnos autorizar el daño ahora y esperar que la reparación se produzca más adelante.
A la complejidad se suma el desacuerdo activo entre los expertos del solicitante y los expertos de los residentes sobre dónde se encuentran realmente los límites del humedal y la zona de amortiguación del humedal. Esa disputa no se ha resuelto. Antes de tomar cualquier decisión sobre el permiso, es esencial una delimitación clara y adecuada de esos límites. Cuando la ciencia es objeto de controversia, la única postura responsable es pecar de cautelosos.
En resumen, la situación es la siguiente: el terreno fue donado como espacio verde, el Ayuntamiento aprobó una resolución en abril de 2024 para solicitar la enajenación del parque para un proyecto propuesto sin permisos ni plan aprobado, y ahora el Ayuntamiento debe decidir si permite la construcción de una carretera a través de un humedal vulnerable para dar servicio a una torre de telefonía móvil en un barrio residencial. Es necesario exponer con claridad toda la importancia de esta secuencia de acontecimientos.
Homeland Towers ha argumentado que el proyecto mejoraría significativamente el servicio de telefonía móvil para los residentes y los servicios de emergencia, y ha presentado informes que respaldan esa afirmación. Pero los residentes han dejado constancia de su desacuerdo con esa necesidad. Presentaron sus propios mapas que muestran las torres de telefonía móvil existentes que ya dan servicio a la zona y señalaron sus propias experiencias, tanto con las llamadas cotidianas como con las llamadas a los servicios de emergencia, como prueba de que la cobertura actual es adecuada.
Homeland también ha señalado que está proporcionando espacio gratuito en las torres existentes, 25 000 dólares para equipos de seguridad pública para el VAC y el Departamento de Bomberos, y ya ha contribuido con 128 000 dólares en equipos, lo que representa un ahorro anual de aproximadamente 100 000 dólares para la ciudad. Estas afirmaciones no son insignificantes. Pero Yorktown ya ha aprendido esta lección anteriormente.
El contrato de recogida de basuras de hace solo unos años es un recuerdo reciente y doloroso de lo que ocurre cuando se aceptan los compromisos de los proveedores sin someterlos a un examen adecuado. Los residentes se quedaron con un servicio deficiente y, en última instancia, con una factura más elevada. Se debe aplicar el mismo escrutinio en este caso antes de dar por sentadas las promesas de Homeland.
Mi posición
Los argumentos esgrimidos en contra de este proyecto, tanto por los residentes como por los consejos consultivos, fueron reflexivos, bien documentados y razonables. Aparte del solicitante, prácticamente no surgió ningún apoyo de la comunidad durante el proceso de audiencia pública. Esa oposición casi unánime no es ruido. Es una señal, y debe tener un gran peso en cualquier decisión responsable.
La Junta debe votar en contra de la concesión de un permiso para este desarrollo dentro del humedal y su zona de amortiguación. El avance de la propuesta hasta esta etapa fue fundamentalmente defectuoso, sobre todo porque implicaba la alienación de terrenos verdes antes de que la comunidad evaluara adecuadamente sus méritos. Y, desde luego, no debe sentar un precedente sobre cómo Yorktown tratará sus activos medioambientales en el futuro.